Seguridad, la situación fuera de control por falta de disuasión.

En 1764 Cesare Beccaria publicó el ensayo jurídico “Dei delitti e delle pene” (De los delitos y las penas) un clásico sobre los fundamentos del Derecho. En él, entre otros conceptos sostiene: “lo que más disuade a los ciudadanos de violar la ley no es la exagerada gravedad de la pena, sino la inexorabilidad de la justicia”.
Este sólo concepto nos remonta a otro, es el de Disuasión: Disuadir es, dicho en forma sencilla, evidenciar una Fuerza o Poder Creíble que haga desistir un adversario de emprender acciones que le podrían significar importantes daños. Las políticas de Disuasión pueden ser “pasivas” o “activas”. Hemos asistido durante muchos años a un Poder poco creíble en tanto las políticas que orientaron su empleo han sido en exceso pasivas. A la luz de los resultados y las demandas sociales, es necesario re direccionar las mismas hacia políticas de “disuasión activas”, son aquellas cuyo objetivo es evitar la acción del “otro” mediante la concentración de un Poder previamente definido. En estas políticas, el uso potencial de la fuerza es asumido por el otro como una estrategia creíble, evolutiva, en movimiento permanente.
No aceptar esta premisa implica mantener la situación actual o sea impedir que el delincuente desistirá de emprender sus acciones.
Expresadas así las cosas, adentrémonos en la Demanda fundamental de nuestra Sociedad actual: cual es, la Seguridad.
Gran parte de los conciudadanos hemos sido víctimas de algún tipo de delito, las estadísticas son abrumadoras, la inmensa mayoría de la Sociedad expresa la demanda. Sin embargo, a la hora de formular las ideas es donde encontramos graves conceptos que, apoyados a sabiendas o no por un núcleo importante de esta mayoría, impide obtener y mantener una verdadera convivencia pacífica.
En primer lugar está la cuestión de gran parte de los que deben ejercer la justicia y adhieren a doctrinas que propugnan tratar al delincuente como un ciudadano al cual la sociedad, por las razones que fueren, le ha infringido graves daños, motivo por el cual sus delitos son consecuencia de su marginación. Se trata pues de pensamientos que apuntan a minimizar las penas, evitar el encarcelamiento y, por supuesto, tener fuerzas del orden que en lugar de prevenir el delito actúen sin ejercer ningún tipo de acción disuasoria activa.
Nos encontramos entonces con un sistema de justicia que no castiga y fuerzas del orden imposibilitadas de ejercer el monopolio de la fuerza de manera creíble.
Poco serviría a la resolución del problema, tratar de pensar el origen de las ideas mencionadas. Sólo convengamos que tras décadas de ausencia de un Estado Garante, la Sociedad en su conjunto ha quedado librada a su suerte: las fuerzas del orden carecen de los medios humanos, materiales y legales para brindar protección y la justicia padece una mezcla de conceptos jurídicos junto a una gran dosis de lentitud y saturación del sistema.
Hoy, el delincuente exacerbado ha ganado las calles y en la magnitud de su trágica expresión no duda en enfrentarse a las fuerzas del orden a la hora de cometer delitos.
Hecha esta breve sinopsis descriptiva del problema, veamos pues algunas sencillas formas de resolverlo, por supuesto dejando al margen las ideologías.
En primer lugar, transcurridos ya varios años de Democracia continua, afirmamos que los supuestos problemas de las Fuerzas del Estado, son sólo eso, Suposiciones. Es posible dotándolas de los recursos necesarios, ponerlas a operar en forma inmediata en la prevención y neutralización del delito. Sólo es necesario que dispongan del marco jurídico que permita su accionar y líderes genuinos que las hagan actuar.
Como correlato de ello, es obvio, deberán contar con los recursos humanos y materiales necesarios y un adecuado nivel de entrenamiento. Demás está decir que todo uniformado abocado a la protección de las personas, los bienes y los recursos de la Nación debe ser dotado de un salario que le permita una vida digna. Sólo de esa forma, su tiempo completo podrá estar dedicado a su labor: adiestrarse y actuar cuando corresponda. Sobran por supuesto en este esquema los empleados “part time”.
El otro aspecto a considerar es obviamente el Judicial. El juez debe ser el garante del accionar del uniformado. No hay lugar para el conocido paradigma del “gatillo fácil”. Hoy el único “gatillo fácil” que existe es el del delincuente. El otro se minimiza con adecuados controles, con protocolos. No es objeto entrar en detalles de instrumentación, partimos de la base de un garante de la ley y el orden bien adiestrado y bien pago que no comete errores por negligencia o impericia. Los protocolos que regulan el uso de la Fuerza adquieren un rol fundamental, siempre orientados a políticas de disuasión activas.
La justicia, asimismo debe ser veloz, la condena inmediata. El menor tiempo posible. El mismo Poder Judicial deberá demandar lo necesario para funcionar acorde a las necesidades.
Es sabido dónde están y quiénes son los delincuentes: sólo hay que buscarlos en sus refugios, detenerlos y procesarlos de inmediato. Sin excarcelaciones para los delitos graves. Los juristas saben mucho al respecto.
Nada de esto será factible en tanto no reconozcamos que el problema es gravísimo y que no hay ni tiempo ni varias soluciones posibles. Es necesario comenzar de inmediato el cambio cultural que haga posible terminar con el delito. Mientras nos perdemos en el cómo y las discusiones ideológicas, los delincuentes asaltan, violan y asesinan.

La ola de saqueos que acabamos de presenciar en estos días en alrededor de 500 comercios distribuidos en todo el territorio, no hace más que evidenciar que el delincuente, actuando a cara descubierta, ya ha perdido el concepto de límite. Sabe que no hay costo, por ende, no tiene reparos al momento de ejecutar su acción. Y, decimos que no tiene reparos porque en los últimos años ha tomado conciencia de que el Estado, en sus diversas variantes,  no es un obstáculo para su accionar.

De no revertirse rápidamente esta situación de anomia virtual, pronto asistiremos a un empeoramiento insospechado para el ciudadano de bien.

Seguimos sin “…consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad…”. Ni mencionar el tráfico de drogas que interviene en la mayoría de los delitos y de por sí da para otro análisis.
En 1939 José Ortega y Gasset nos decía desde una conferencia en La Plata: “¡Argentinos, a las cosas, a las cosas!. Déjense de cuestiones previas personales, de suspicacias, de narcisismos”!.